Un dilema de carácter supra organizacional es una posición muy difícil para una empresa, puesto que esta tiene que tomar decisiones que pueden afectar a personas dentro y fuera de la organización.
En el presente caso, el dilema ético en que se ve envuelta la empresa Doe Run llegó a afectar sus relaciones con la sociedad, con diversas organizaciones y con el Estado.
Si bien es cierto, la empresa Doe Run no se dio cuenta que estaba afrontando un “momento de la verdad”, ya que su decisión tuvo grandes repercusiones en la vida de los stakeholders implicados, incluso en la historia de la organización. De ese modo, pusieron a prueba el compromiso con los valores involucrados, además del compromiso con su gente.
La población de la Oroya, siendo este stakeholder la parte más afectadas del presente caso. La empresa en cuestión no respetó ni valoró su compromiso con la gente que vive ahí. Es de esta manera, que hoy en día, la población sufre una serie de síntomas irreparables, debido a que la ciudad se encuentra contaminada por plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados.
La empresa, sólo se preocupó por generar más dinero, explotar hasta el máximo los recursos. Del mismo modo, no existió un código ético de la empresa frente a la población que vive en los alrededores.
Por otro lado, la organización también se vio afectada internamente, pues se presentó un clima de profundo descontento y decepción de los trabajadores, incluso aquellos que trabajan dentro de la zona sufren algunos síntomas como los pobladores. Sin embargo, ellos están más protegidos puesto que existen políticas de desinfección al laborar en esta empresa.
Así mismo, también las relaciones con el estado se han visto afectadas. Esto se debe a que el gobierno peruano exigió las responsabilidades del caso a la empresa Doe Run Perú. Sin embargo, esta empresa terminó demandando al estado por 800 millones de dólares debido al cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Analizando el modelo de Joseph Baradacco, se cree que los gerentes o encargados de la empresa metalúrgica no se hicieron las preguntas pertinentes que el modelo plantea, ya que obraron de una manera mezquina, pensando en sus propios intereses.
¿ Doe Run Perú ha hecho lo que he podido para asegurar mi posición y afirmar la fortaleza de mi organización?
Esta pregunta no fue planteada por los responsables puesto que de haberse dado el caso, se hubieran tomado acciones de contingencia para poder evitar los daños causados por la empresa. Se hubiera construido la planta de ácido sulfúrico que sirve para la purificación y plateado de metales ferrosos. Además esta debía de ser colocada en un lugar abierto, no cerca de la población que vive en esos lugares. En todo caso, se hubiesen responsabilizado por trasladar a la comunidad que vive en los alrededores a un lugar más conveniente para ellos. Esto posiblemente, hubiese generado cierta contrariedad por parte de la comunidad. Sin embargo, al largo plazo convendría a ambos, tanto a la empresa como a las comunidades cercanas.
De esta manera, podemos observar que no consideraron esta pregunta, seguramente sólo existía un motivo especial de interés el cual era generar más dinero.
¿Doe Run Perú ha hecho todo lo posible para pensar creativamente en el rol de mi institución con respecto a la sociedad y a los contribuyentes?
Evidentemente, esta pregunta no fue considerada por ningún motivo. De haber sido el caso, no existiría todo este proceso judicial, no existirían personas sumamente enfermas, niños menores a 10 años con problemas de salud de alto riesgo.
Como se explicó en el párrafo anterior se hubieran tomado medidas de contingencia lo cual hubiese generado que las partes interesadas no se vean afectadas. Sin embargo, se ha perjudicado el rol y el prestigio de la entidad metalúrgica y el carácter de compromiso de esta con sus stakeholders más importantes.
¿En esta situación Doe Run Perú debió jugar al león – liderazgo inspirador emblemático – o al zorro – astucia y sagacidad?
La empresa Doe Run Peru utilizó su astucia para aprovecharse del de las condiciones medio ambientales, lo cuál el único interés de por medio era generar más riquezas sin verse responsable por la salud y calidad de vida de las comunidades cercanas. De esta manera, sólo le interesaba el reducir sus costos y generar más rentabilidad. Sin embargo, es lamentable que hoy en día la Oroya se encuentre posicionada como la quinta ciudad más contaminada del mundo, habiendo originado una magnitud de daños que ocasionarían por no instalar normas de contingencia y seguridad para los satakeholders pertinentes. Siendo las comunidades que viven en los alrededores de la empresa metalúrgica las partes más vulnerables.
En conclusión se piensa que se debió haber analizado la decisión de jugar a ser el león puesto que de esta manera no habría partes perjudicadas, mucho menos de la manera en la que se ha visto afectada la población.
Para finalizar, se concluye que los responsables no actuaron considerando los posibles daños que tendrían sus acciones o la manera en la que perjudicaría a los stakeholders pertinentes.
La empresa debió actuar éticamente y velar por la imagen de la empresa y la salud de las comunidades cercanas. Esto quiere decir, que a pesar de las pérdidas económicas en las que pueda incurrir, debió asegurarse de que los stakeholders interesados no se vean perjudicados.
A continuación noticias recopiladas del Diario Gestión acerca de la demanda de Doe Run al gobierno Peruano
Doe Run demandó al Estado peruano por 800 millones de dólares
Tal como lo habían anunciado en enero, el Grupo Renco –de propiedad del millonario Ira Rennert– y Doe Run Perú iniciaron el pasado 7 de abril un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado peruano, exigiendo una indemnización de 800 millones de dólares debido al cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Según el Ejecutivo, la demanda fue presentada ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIDAI), institución del Banco Mundial, y se ampara en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.
Para Doe Run, nuestro país trató injustamente a la empresa minera respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La firma alega que el Gobierno exigió responsabilidades adicionales y no otorgó la prórroga necesaria para concluir la construcción de la planta de ácido sulfúrico.
Otro argumento es que el Gobierno trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que tampoco cumplió con las obligaciones correspondientes del PAMA. Para Renco, esto constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.
Doe Run también alega que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante Indecopi, por ello señala que busca dicho financiamiento para pagar a sus acreedores. Sin embargo, denuncian un intento de expropiación de parte del Gobierno porque éste pretende ser reconocido como el mayor acreedor, debido al incumplimiento del PAMA.
Por otro lado, la firma señala que tanto el Gobierno como Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por daños a la salud y medio ambiente, las cuales fueron presentadas en el Perú y EE.UU.
Cabe resaltar que hace dos semanas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Doe Run con 7.1 millones de soles (2 mil UIT), debido a una serie de compromisos incumplidos por la empresa minera desde el inicio de sus operaciones en La Oroya.
Hasta el año pasado la empresa debía 110 millones de dólares a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones para la culminación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pero hasta la fecha Doe Run no había mostrado interés en mejorar la situación del complejo metalúrgico y de los trabajadores.
MEM YA ESPERABA ESTA MEDIDA
Ante los diversos comunicados difundidos por Doe Run en diferentes medios de prensa, que advertían sobre dicha demanda, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Sánchez, se había mostrado de acuerdo con la medida porque la empresa tenía todo el derecho de hacerlo.
“Si la empresa entiende que tiene una reclamación contra el Estado Peruano, va a tener que ir a un arbitraje. Los comunicados no son la forma de exigirle algo al Estado (…) debe hacerlo vía los mecanismos que la ley o los contratos le confieren”, señaló Sánchez en noviembre del año pasado.
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Foto: Andina
Estado podría perder ante Doe Run
Luego que la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run Perú demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$ 800 millones, los expertos afirman que hay el riesgo de que el Perú pierda en este juicio.
José De Echave, experto en temas mineros, afirmó que existe el grave riesgo de que el Estado peruano pierda en esa confrontación.
Según precisó, la empresa se aprovechó del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para blindarse.
“A través de este capítulo, los inversionistas están protegidos por una serie de cláusulas que les permite utilizar estos mecanismos de resolución de disputas”, afirmó en una entrevista publicada en el portal La Mula.
Asimismo, el especialista manifestó que Doe Run “es una empresa que no ha tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones ambientales, y que al final ha utilizado una serie de subterfugios para crear esta situación y finalmente aparecer como víctima”.
Demanda presentada en el 2010
La demanda por unos US$ 800 millones contra el Estado peruano fue presentada por Renco Group el pasado 5 de diciembre ante el Ciadi.
Según señala el comunicado que fue emitido en Nueva York por Renco Group el pasado 5 de enero de este año, “la demanda se origina debido al incumplimiento del Gobierno peruano en honrar sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes internacionales, el Tratado y el contrato de inversión entre el Estado peruano, Doe Run Perú y los inversionistas norteamericanos en lo relacionado a la significativa inversión que Renco ha efectuado en La Oroya”.
Agregan que “este incumplimiento incluye la negativa del gobierno de remediar los suelos de La Oroya y alrededores, como se comprometió legalmente y el desconocimiento de su responsabilidad ante las demandas interpuestas por los ciudadanos de La Oroya”.
En tanto, el Estado peruano viene preparando su defensa por esta demanda de US$ 800 millones ante el Ciadi por parte de Doe Run, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un par de semanas atrás.
“Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado que tiene todas las facultades, y obviamente lo va a hacer. Este es un proceso en el que tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio”, dijo en ese momento el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
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