Doe Run Perú es una compañía minera y metalúrgica con operaciones localizadas en los Andes centrales del Perú. La empresa es dueña del Complejo Metalúrgico de La Oroya desde Octubre de 1997.
DESCRIPCION DEL CASO
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YgbtsregeMwAntecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada a 175 Km. de Lima, en el departamento de Junín (Perú). En 1922 se convirtió en un centro metalúrgico cuando la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation inició sus operaciones. En 1997, es vendido a la empresa norteamericana Doe Run Company y se crea Doe Run Perú (DRP). Desde entonces, la vida y la economía de esta población de aproximadamente 30,000 habitantes, gira en torno a las necesidades de esta gran fundición.
Responsables
La empresa Doe Run Perú (DRP) es la responsable de la contaminación por plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados que emite diariamente al medio ambiente, a través de una enorme chimenea que parece dominar la ciudad.
Consecuencias y Afectados
Las consecuencias de estos contaminantes, van desde el deterioro irreversible del sistema respiratorio, diferentes tipos de cáncer, efectos adversos en el sistema reproductivo y en el desarrollo, y a su vez, cambios de conductas. Además ocasionan daños severos a órganos vitales, lesiones irreparables en la actividad cerebral y agotamiento permanente. Todos estos síntomas se ven reflejado sobre todo a niños y niñas menores de 6 años.
La Oroya es el único lugar en América del Sur, de acuerdo a un informe del Blacksmith Institute (2006), que presenta los peores niveles de contaminación y afecta seriamente la salud de las personas, por ello ha sido incluida en una escalofriante lista de los 10 lugares más contaminados del mundo, junto a Chernobyl donde ocurrió el mayor accidente industrial del mundo, Dzerzhinsk una ciudad rusa donde se fabricaban armas químicas, Linfen donde se desarrolla la industria de carbón en China y Rapinet donde más de 3 millones de personas están afectadas por desechos de curtiduría en La India. Hoy en día, La Oroya se encuentra posicionando el 5 lugar más contaminado a nivel mundial.
Mediante una serie de análisis, en el año 2001 se evidenciaron altos niveles de plomo en sangre en mujeres gestantes y niños. Según el propio Ministerio de Salud (MINSA), el 99.1% de los niños tienen promedios altos de plomo en sangre, 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro), sobrepasando los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la salud (OMS), que son 10 g/dl (microgramos por decilitro).
El 27 de junio del 2006, se reconoció el derecho a la salud de la población de La Oroya. Esto debido a que el Tribunal Constitucional peruano (TC) dictó sentencia en un proceso de acción de cumplimiento, declarando culpable al MINSA y ordenando implemente en 30 días un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes.
Casi paralelamente, el 02 de agosto del 2006, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) publicó el “Plan a Limpiar el Aire de la Cuenca Atmosférica de La Oroya”, con el objetivo de proteger la salud de las personas y la calidad del ambiente a través de la implementación de estrategias, políticas y medidas de acción directas, concertadas y participativas para controlar la contaminación ambiental.
Como las acciones dentro de Perú no se han cumplido, y las acciones que el MINSA argumentó ante el TC como eficientes (Convenio, modificación al PAMA, acuerdos) no han sido suficientes para mejorar la situación en la ciudad de La Oroya, también se presentó en Diciembre de 2006, ante la CIDH, una solicitud de caso (demanda) para que se determine la responsabilidad del Estado peruano por las afectaciones en la salud, la dignidad, la integridad y la vida y de los derechos de los niños, entre otros, debidos a la falta de control de la contaminación en La Oroya.
La CIDH siguió recibiendo información actualizada del caso La Oroya y después de estudiarlo, con fecha 31 de Agosto de 2007, decretó medidas cautelares urgentes a favor de los 65 beneficiarios, para que el Estado Peruano brinde diagnóstico y tratamiento médico especializado, para prevenir daños graves en su integridad y vida.
Hasta la fecha no se ha cumplido la orden del TC, no se han implementado los planes aprobados gracias a la presión de la sociedad civil y el apoyo de algunas organizaciones sociales de base de La Oroya y los esfuerzos se están centrando en hacer que el Estado implemente las medidas cautelares. Hacemos votos para que nuevos horizontes de esperanza y salud se abran para los niños, quienes merecen vivir en un ambiente sano.
EL DESCARO
Perú: Doe Run Perú demanda al Estado por US $ 800 millones ¡increible!
Por Servindi
15 DE Abril 2011
El Grupo Renco -de propiedad del millonario Ira Rennert- y Doe Run Perú inició el 7 de abril un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado peruano, y exige una indemnización de 800 millones de dólares por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIDAI), institución del Banco Mundial, y se ampara en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.
Según Doe Run, el Perú trató con injusticia a la empresa minera al exigir responsabilidades adicionales y no otorgar la prórroga necesaria para concluir la construcción de la planta de ácido sulfúrico.
Señalan que el Gobierno incurrió en trato discriminatorio y vulneró el artículo 10.3 del TLC al tratar con mayor dureza a Doe Run Perú que a la empresa nacional Activos Mineros, que también incumplió sus obligaciones en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Doe Run alega que tiene dificultades financieras y denuncia un intento de expropiación de parte del Gobierno porque éste pretende ser reconocido como el mayor acreedor, debido al incumplimiento del PAMA.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó hace algunas semanas a Doe Run con 7.1 millones de soles (2 mil UIT), debido a una serie de compromisos incumplidos por la empresa minera desde el inicio de sus operaciones en La Oroya.
Hasta el 2010 la empresa debía 110 millones de dólares a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones para la culminación del PAMA.
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