Si nos enfocamos en un análisis utilitarista para evaluar la situación de Doe Run en la Oroya, se puede decir que sus decisiones para el desarrollo de sus exploraciones y extracciones de minerales preciosos fueron perjudiciales para la sociedad que los acogía.
La Oroya según lo investigado, se encuentra entre los lugares con mayores niveles de contaminación, lo cual es sumamente negativo para sus pobladores y descendientes. Por lo que la ciudad de miles de habitantes ubicada sobre los 3.500 metros de altitud, que dependía económicamente de los movimientos que generaba la actividad minera desde hace más de cien años es ahora considerada como una de las ciudades más contaminadas del mundo azotada por una fuga de personas hacia las ciudades aledañas para buscar oportunidades de sobrevivencia y desarrollo para ellos y sus familias.
Es por ello que los hechos hablan por sí solos donde las consecuencias del manejo de la industria minera de la zona fue devastador y perjudicial para la ciudad. Donde la teoría consecuencialista del utilitarismo no fue considerada por los conductores de la minera Doe Run.
Por el contrario, se evidencia una conducta egoísta que velaba por salvaguardar los intereses personales o de un circulo de minoritario de beneficiarios gracias a las cuantiosas ganancias por las actividades extractivas de minerales que fueron altamente cotizados en mercados internacionales aprovechando el boom en los precios favorables en el mercado mundial.
Si bien tal entorno comercial fue favorable para la minera durante muchos años, la situación de bonanza fue golpeada por la crisis internacional de los años 2008-2009, centrándose en argumentos que perjudicaron sus operaciones viéndose afectada por la crisis financiera mundial, con una baja en los precios de los metales y por la suspensión de un crédito de un grupo de bancos extranjeros.
Donde tal situación conllevo a la minera a declararse incapaz de cumplir sus obligaciones financieras, tema que aun sigue siendo controversial según los investigadores de este caso.
Por lo que este hecho ha constituido un duro golpe para los empleados directos e indirectos de La Oroya. Sin haberse alineado a los normas de buenas prácticas empresariales a pesar que en los últimos años obtuvo plazos para adecuarse al programa medioambiental, pero siempre los incumplió.
Por estas razones, los organismos estatales determinaron la paralización del complejo que dado la gran magnitud de empleabilidad para la población local es que la generación de ingresos ha ido en declive, acompañada de una disminuida actividad comercial de la población Oroyina desde los mercados, tiendas, comercios, grifos, hoteles, hostales hasta el comercio ambulatorio y otras actividades comerciales.
Por lo que decisiones nefastas en la conducción empresarial de la minera DoeRun ha originado millonarias pérdidas para la población local con consecuencias devastadoras no solo en el campo ambiental que es uno de los más dañados sino en el desarrollo económico de la ciudad, sumado a los golpes a la naturaleza y entorno natural y social de la zona.
Además del descontento de la sociedad afectada que va despertando de manera radical con manifestaciones que fomentan violencia como la toma de carreteras, los bloqueos de la carretera central, el uso de la violencia como medio de presión trae consigo víctimas inocentes y mayores costos económicos y sociales, mientras los responsables directos como el único accionista de la matriz de Doe Run, el multimillonario Ira Rennert desde New York mueve sus fichas enlazándose con prestigiosos estudios de abogados para demandar al estado peruano por su intervención en el del complejo metalúrgico.
Teoría de la justicia
De acuerdo al enfoque de la teoría de la justicia para el presente caso, se puede resaltar dos posibles hechos perjudiciales que atentaron contra los derechos de la sociedad de La Oroya.
Por una parte, si nos centramos en el respeto al derecho a la vida del que gozan los seres humanos en su totalidad, se puede decir que las actividades de la minera Doe Run han constituido una amenaza para el cumplimiento de un deber y derecho a la vez que es el respeto por la vida humana que toda organización empresarial debe ejercer.
Por lo tanto, la justicia en esta oportunidad no es entendida por los pobladores locales pues se encuentran ante actividades de extracción de sus recursos naturales que han dejado un alto grado de toxicidad en su localidad que ha sido determinante para la proliferación de enfermedades e intoxicaciones para los niños, jóvenes y adultos de la ciudad que ven disminuida su calidad de vida atentando contra su buena salud.
Por ello, una vez más se pone de manifiesto la irresponsabilidad corporativa de una minera con un gran potencial de crecimiento en la industria minera que fue manejada de manera irresponsable tanto para la misma organización como para los grupos de interés involucrados que fueron afectados con amenazas a su propia vida, la de sus familias y a la ciudadanía local en general.
Otro derecho cuyo cumplimiento debe ser reclamado siempre y que debe ser protegido por la sociedad y el Estado es el derecho a la propiedad. Derecho que en el presente caso ha sido violentado por la empresa minera. Pese a sus labores realizadas por adecuarse al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Por lo que una vez más las decisiones directivas han sido relevantes para un futuro incierto de la ciudad de La Oroya. Donde la único que se sabe con seguridad es que sus territorios ocupan el 5to lugar de los lugares más contaminados del mundo, donde han experimentado un maltrato a su propiedad y entorno de vida saludable.
A ello se suma el hecho que muchas veces se ha señalado como responsables de todo el problema ambiental en La Oroya, a la minera Doe Run, lo cual puede discutirse pero no ocultarse. Pues existe cierta información que se oculta a la ciudadanía como es el caso de las operaciones de la minería en esta zona que se ha desarrollo durante décadas sin mayor control ambiental, lo cual generó las consecuencias negativas a la sociedad que fue permitido por el Estado peruano.
Donde los gobiernos centrales y regionales tienen la responsabilidad junto con la empresa privada encargada de las extracciones de los recursos minerales de velar por el respeto a la propiedad medioambiental. Dado el compromiso que tienen de remediar los suelos alrededor de la zona industrial, pues las descontroladas operaciones mineras que no se alinean correctamente a un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental constituyen una fuente de contaminación para la población local.
Por ello es necesario la búsqueda de soluciones que enfrenten este grave problema que atenta contra el respeto a la vida y la propiedad de la población de La Oroya. De esta forma es que creemos que una concertación entre el Estado y la minera propiedad de capitales estadounidenses acerca de la extensión del PAMA es fundamental para llegar a mejores términos de conducta corporativa.
De modo que exista confianza para mejorar y reanudar sus operaciones que permita que sus proveedores puedan abastecerlos de concentrados, y generar los recursos para cumplir con el PAMA acordado, donde sus trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo y los bancos puedan apreciar un desarrollo seguro para proveer de líneas de crédito que financien sus actividades.
Por ello es que dentro de la teoría de la justicia se debe fomentar procedimientos justos para un desarrollo sostenible de las actividades mineras. Donde:
_Todo el mundo tenga la oportunidad de conseguir un premio justo por sus esfuerzos.
_Las consecuencias de los hechos sean repartidas a todas las partes en proporción a su responsabilidad.
Además de implantar medidas que mejoren la fiscalización y control de la extracción de recursos naturales en localidades como La Oroya. Por ello sería enriquecedor que se realicen más investigaciones que muestren más casos de
privatizaciones o concesiones mineras, petroleras e hidrocarburos, entre otras, para ver si ocurre la misma figura o qué medidas se han tomado para corregir los atentados a la salud pública y la propiedad de las localidades regionales. Que son sensibles de ser vulneradas por el afán capitalista extractivo que beneficia a un grupo de inversionistas en detrimento de las poblaciones locales.
privatizaciones o concesiones mineras, petroleras e hidrocarburos, entre otras, para ver si ocurre la misma figura o qué medidas se han tomado para corregir los atentados a la salud pública y la propiedad de las localidades regionales. Que son sensibles de ser vulneradas por el afán capitalista extractivo que beneficia a un grupo de inversionistas en detrimento de las poblaciones locales.
En conclusión, sería bueno preguntarse si lo que verdaderamente entregan las industrias extractivas al Estado es lo que realmente deberían dar, si realmente existen prácticas sostenibles y con oportunidades de desarrollo para las habitaciones de las zonas involucradas donde la responsabilidad social juega un papel importante. Por ello las empresas deberían ser transparentes para hacer de su discurso una práctica real. Por lo tanto, deberían informar sobre cuánto están ganando y cuánto entregan al Estado a través de tributos y otras contribuciones a las comunidades donde se establecen.
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